En agosto de 2020, la Casa Blanca encendió la mecha: una orden ejecutiva exigía que TikTok pasara a manos estadounidenses o enfrentara la expulsión. Parecía una batalla de verano y terminó siendo una saga de cinco años con giros legales, presiones geopolíticas y millones de usuarios mirando el reloj. Hoy el debate ya no es si la app sigue, sino bajo qué condiciones y con qué dueño. Y todo arrancó con aquella orden inicial.
De orden ejecutiva a política de Estado
En 2020, la administración Trump firmó una orden para forzar la venta de los activos de TikTok en EE. UU., citando riesgos de seguridad nacional ligados a ByteDance, su matriz en China. La ofensiva instaló en el mapa político el “divest or ban”: o te vendes o te vas. El tema no se apagó con el cambio de administración.
Cuatro años después, en abril de 2024, el Congreso aprobó una norma federal que convirtió en política de Estado la idea de “venta o prohibición”, y el presidente la firmó: ByteDance debía desprenderse de TikTok en EE. UU. o cesar operaciones. La compañía respondió en tribunales alegando violación a la Primera Enmienda y exceso regulatorio. Los jueces federales y, finalmente, la Corte Suprema terminaron avalando la ley, consolidando el marco legal para exigir una venta “calificada”.
Con la ley vigente, el calendario se volvió el verdadero poder. La Casa Blanca fue concediendo prórrogas para retrasar la aplicación estricta del cierre mientras avanzaban negociaciones y opciones de traspaso. Esas extensiones, con fechas concretas, mantuvieron a TikTok operando en EE. UU. mientras se buscaba una salida ordenada que atendiera las preocupaciones de seguridad sin borrar de un plumazo a una plataforma con más de 150 millones de usuarios en el país.
Cómo sería un “traspaso” aceptable
El punto fino está en cómo luce una “desinversión calificada”: control de datos en territorio estadounidense, gobierno corporativo con mayoría local y separación operativa del algoritmo para evitar influencias externas. Los criterios no son solo económicos; son, sobre todo, de seguridad nacional. Para eso se baraja un consorcio de inversores y un operador tecnológico con capacidad de custodiar datos y auditar el sistema de recomendación.
Con el marco legal firme y la presión del reloj, fue tomando forma una solución: transferir TikTok EE. UU. a capital mayoritariamente estadounidense, con un proveedor local asumiendo el control técnico del almacenamiento y de la auditoría del algoritmo. El mensaje político es claro: la plataforma puede quedarse, pero las llaves del sistema —datos y modelo— deben estar bajo normas y supervisión estadounidenses.
Para el usuario final, el cambio debería ser, al menos al principio, imperceptible: mismo feed, mismas herramientas creativas. El mayor impacto estará tras bambalinas: políticas de datos más estrictas, auditorías regulares y murallas técnicas entre el negocio en EE. UU. y cualquier injerencia externa. Si el acuerdo se ejecuta como se plantea, TikTok podría seguir siendo TikTok… con pasaporte estadounidense.
Lo que viene
Persisten retos: definir la gobernanza (quién se sienta en el consejo y qué poderes tiene), establecer la auditoría del algoritmo (cómo se valida que no haya puertas traseras) y ejecutar los plazos de implementación (migración de datos, contratos con nubes locales, personal crítico). Tras años de pulsos, el tablero ya no es blanco y negro: ni veto total ni barra libre. Un TikTok “nacionalizado” en prácticas, si no en marca.
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